AVC-LEA

Month: abril, 2014

DOSIER DE PRENSA 16-04-2014 – TRADUCTORES

  • rango del artículo
  • 16 abr. 2014
  • Diario Vasco
  • EFE

Multan a la asociación vasca de traductores por recomendar precios a sus asociados

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BILBAO. La Autoridad Vasca de la Competencia ( AVC) ha impuesto una multa de 8.000 euros a la asociación vasca de traductores, correctores e intérpretes (Eizie) por considerar probado que hizo una recomendación colectiva de precios y otras condiciones de prestación del servicio a sus socios entre 2001 y 2011. La AVC asegura que la infracción ha consistido en la realización y difusión en la página web de Eizie de unas tarifas de traducción escrita, interpretación oral y corrección de documentos, así como otras condiciones de prestación del servicio, informa esta institución en un comunicado.

Difundir dicha información representa una recomendación colectiva que tiene como efecto «la uniformización del comportamiento de los prestadores del servicio, limitando la capacidad de los operadores para la determinación de los precios», argumenta laAVC. La Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreteen Elkartea (Eizie) es una asociación que engloga a 317 socios.

La Autoridad Vasca de la Competencia dictamina que para garantizar las mejores condiciones para los usuarios, « cada traductor debe decidir individualmente las condiciones en las que presta el servicio, generando así competencia entre los distintos prestadores». «Por ello, esta conducta constituye una infracción y está prohibida por el artículo 1.1 de la Ley de Defensa de la Competencia», añade la nota.

A la hora de fijar la cuantía de la sanción, laAVC ha tenido en cuenta «la gravedad y duración de la conducta» y «la falta de conciencia por parte de la asociación de la ilicitud» de su comportamiento

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  • 16 abr. 2014
  • El Correo
  • K. DOMÍNGUEZ

La Asociación vasca de Traductores es multada con 8.000 euros por aconsejar precios a sus socios

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BILBAO. 19,14 euros por una página o 240 palabras; un incremento del 25% si el texto está en inglés o alemán; otro 25% si es un escrito ‘especializado’; 496 euros por una jornada completa de trabajo; y 0,30 euros por kilómetro recorrido. Estas son algunas de las tarifas que la Asociación Vasca de Traductores, Correctores e Intérpretes (Eizie) «recomendaba» a sus miembros en su página web y que le han acarreado una multa de 8.000 euros por parte de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC).

Según este organismo dependiente del Gobierno vasco, la práctica de la «recomendación colectiva de precios y otras condiciones» sobre el modo de trabajar de sus socios, que es lo que hizo Eizie entre 2001 y 2011, supone la «uniformización del comportamiento de los prestadores del servicio, limitando la capacidad de los operadores para la determinación de los precios». Es decir, que los traductores se ajustaban siempre a esas tarifas marcadas por el propio colectivo, formado por 317 miembros, y no ofrecían a sus clientes otras distintas. «Cada traductor debe decidir individualmente las condiciones en las que presta el servicio, generando así competencia entre los distintos prestadores», apunta la AVC.

Según los responsables de la asociación, los precios se fijaron tras realizar una encuesta entre sus miembros y su publicación sólo tenía un objetivo «meramente divulgativo». Sin embargo, la AVC detalla que las «tablas estaban redactadas de forma imperativa, empleando términos como ‘se utilizarán las siguientes equivalencias’ y ‘se deberá incrementar la tarifa asignada’ y de su lectura (…) se deduce que son obligaciones de seguir unas pautas».

Por todo ello y teniendo en cuenta «la gravedad y duración de la conducta», la Autoridad Vasca de la Competencia les multa con 8.000 euros y la obligación de publicar en la web durante todo un año la resolución con la sanción

EUROPA PRESS-

Bilbao

Autoridad Vasca de la Competencia sanciona a EIZIE con 8.000 euros por la recomendación de precios a sus socios La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) ha sancionado a Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreteen Elkartea (EIZIE), la asociación vasca de traductores, correctores e intérpretes, que engloba a 317 socios, con una multa de 8.000 euros, al considerar probado que la asociación ha llevado a cabo, durante los años 2001 a 2011, una recomendación colectiva de precios y otras condiciones de prestación del servicio a sus socios. ECO ® Poca actividad social ¿Qué es esto? 0 Me gustaNo me gusta 0 emailCompartir EUROPA PRESS. 15.04.2014 La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) ha sancionado a Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreteen Elkartea (EIZIE), la asociación vasca de traductores, correctores e intérpretes, que engloba a 317 socios, con una multa de 8.000 euros, al considerar probado que la asociación ha llevado a cabo, durante los años 2001 a 2011, una recomendación colectiva de precios y otras condiciones de prestación del servicio a sus socios. Según la AVC, la infracción ha consistido en "la realización y difusión en su página web de unas tarifas de traducción escrita, interpretación oral y corrección de documentos, así como otras condiciones de prestación del servicio". La difusión de dicha información, indica la AVC, constituye "una recomendación colectiva que tiene como efecto la uniformización del comportamiento de los prestadores del servicio, limitando la capacidad de los operadores para la determinación de los precios". Con el objetivo de garantizar las mejores condiciones para los usuarios, cada traductor "debe decidir individualmente las condiciones en las que presta el servicio, generando así competencia entre los distintos prestadores", ha señalado la Autoridad Vaca de la Competencia, para advertir de que esta conducta "constituye una infracción y está prohibida por el artículo 1.1 de la Ley de Defensa de la Competencia". Para la fijación de la cuantía de la sanción, la AVC ha considerado "la gravedad y duración de la conducta". Así mismo, ha tenido en cuenta, entre otros elementos, "la falta de conciencia por parte de la asociación de la ilicitud de la conducta".

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DOSIER DE PRENSA 14-04-2014 Y NOTICIAS DE ARABAKO LANAK

11/04/2014

EXPANSIÓN

La CNMC detecta precios por debajo del coste en algunos servicios de Correos

11/04/2014

EL PAIS

Las gasolineras reducen los márgenes en Europa y los incrmentan en España

11/04/2014

EL ECONOMISTA
La CNMC busca subdirector de análisis económico

07/04/2014

EL ECONOMISTA

La CNMC estrechará la vigilancia sobre los cárteles que busquen pactar pecios

02/04//2014

EL ECONOMISTA

Las llamadas a móviles caen un 9% en dos años

10/04/2014

CNMC

la CNMC analiza los servicios de Correos

10/04/2014

CNMC

La CNMC busca ayuda para completar su plan estratégico

08/04/2014

COMPETENCIA ANDALUCIA

Serias dudas sobre la constitucionalidad de la Ley de Unidad de Mercado

  • 9 abr. 2014
  • El Correo (Araba/Álava)
  • :: I. OCHOA DE OLANO
  • VITORIA.

La Autoridad vasca de la Competencia ve «indicios de infracciones» en Arabako Lanak

La Autoridad vasca de la Competencia ha iniciado un expediente sancionador contra la Diputación, su ente público Arabako Lanak, nueve ayuntamientos alaveses y ocho juntas administrativas al apreciar «indicios racionales de infracciones» en el procedimiento de contratación de obra pública de la sociedad foral. El organismo autónomo, de carácter administrativo, adscrito al Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno vasco, admite así a trámite la denuncia que el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN) interpuso en octubre contra las entidades mencionadas.

En esa demanda, la corporación profesional acusa a la institución alavesa y a su polémica entidad de acaparar buena parte de la obra pública que se ejecuta en los municipios y de hacerlo, además, a través de un procedimiento «ilegal». Asimismo, les responsabiliza de vulnerar el derecho de libre competencia y de quebrantar la Ley de Contratos del Servicio Público.

Tras casi seis meses dedicados a recabar información sobre este espinoso asunto, la Autoridad vasca de la Competencia considera que nueve ayuntamientos y ocho juntas administrativas han llevado a cabo mejoras en sus respectivos ámbitos «eludiendo el cumplimiento de la normativa reguladora de la contratación pública mediante encomiendas de gestión realizadas directamente a Arabako Lanak» –la fórmula empleada durante la legislatura actual, del PP– «o bien, a través de la Diputación» –el patrón que se siguió en el mandato anterior, del PNV. «Eso supone», agrega, «el cierre del mercado de redacción de proyectos y dirección de obras».

«En solfa todo un sistema»

El organismo, que emitirá su fallo final en un plazo máximo de dieciocho meses, cree que la entidad foral «no reúne los requisitos legales para ser considerado como un medio propio de esos municipios y entidades locales». El equipo foral de gobierno siempre ha defendido lo contrario y así lo volverá a hacer en las alegaciones al proceso.

El Gabinete de Andrés no ha ocultado su «preocupación» por la decisión de la Autoridad vasca de la Competencia de investigar el asunto. «Supone poner en entredicho todo el sistema de contratación pública de todas las instituciones», afirma.

El nuevo gerente de Arabako Lanak dice que «no ha habido mala praxis»

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Admite ante las Juntas Generales haber detectado «un largo periodo de tensión» en la plantilla de la sociedad foral y la existencia de «dos bandos»

La polémica sociedad Arabako Lanak, adscrita a la cartera de Administración Local de la Diputación, volvió a protagonizar ayer una nueva sesión en las Juntas Generales. En esta ocasión, quien se vio obligar a dar la cara por la entidad pública fue Juan Carlos Corral, que ocupa la gerencia de la misma desde hace apenas un mes en sustitución del anterior titular, Román Santamaría, quien renunció a reincorporarse al puesto al encontrarse de baja por enfermedad de larga duración.

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La petición de comparecencia, formulada hace ya dos meses por EH Bildu, iba dirigida a Santamaría, y tenía por objeto que aclarara las «dudas en torno a las adjudicaciones y las licitaciones en la sociedad». Dado que ya no se encuentra al frente de Arabako Lanak, los procuradores supusieron que, en su lugar, podría acudir el propio diputado de Administración Local, Javier Ruiz de Arbulo. Sin embargo, el recién debutado Corral fue quien tuvo que despachar el espinoso asunto.

En una única y breve intervención, y en idéntica sintonía con el Gabinete de Andrés, aseguró que «no ha habido una mala praxis en nuestras actuaciones» y señaló, asimismo, que el Tribunal vasco de Cuentas «hace sus inspecciones anuales y no ha encontrado ningún punto oscuro».

Corral, quien estuvo al frente de la sociedad pública Naturgolf durante la legislatura de Ramón Rabanera, también se refirió a la plantilla de la entidad foral y al ambiente laboral con el que se ha encontrado. «Se percibe que ha habido una situación tensa durante un periodo largo de tiempo. Mi labor es estar en el fiel de la balanza y solucionar esa sensación de que existen dos bandos entre los trabajadores», afirmó. A continuación, informó de algunos cambios. Así, anunció, por un lado, la reincorporación de los dos arquitectos que denunciaron en su día a cuatro directivos de la sociedad por acoso y que se encontraban de baja médica. Y, por otro, una nueva baja, ésta «por estrés», del director técnico de la entidad provincial.

Buscando defensa

El gerente de Arabako Lanak pasó de puntillas por la denuncia que el Colegio Vasco-Navarro de Arquitectos (COAVN) presentó en octubre contra la Diputación, la entidad que ahora lidera, nueve ayuntamientos alaveses y ocho juntas administrativas ante la Autoridad vasca de la Competencia, y que esta misma semana ha admitido a trámite al apreciar «indicios de infracción» en la controvertida sociedad foral. «Estamos decidiendo qué persona nos va a representar legalmente», se limitó a decir ante los procuradores.

Ese letrado tendrá que defender los intereses forales ante una demanda en la que la corporación de profesionales les acusa de acaparar buena parte de la obra pública que se ejecuta en los municipios y de hacerlo, además, a través de un procedimiento «ilegal». Asimismo, les responsabiliza de vulnerar el derecho de libre competencia y de quebrantar la Ley de Contratos del Servicio Público.

Mientras ese caso avanza, la Fiscalía Provincial de Álava prosigue sus investigaciones para determinar si el Ayuntamiento de Laguardia, presidido por el conservador José Manuel Amézaga, ha cometido un delito de prevaricación –consistente en dictar una resolución a sabiendas de que es injusta– al contratar una obra a Arabako Lanak. Abrió estas pesquisas el mes pasado, tras aceptar a trámite la demanda interpuesta por el (COAVN) contra la institución municipal de la villa riojano alavesa.

6 de noviembre de 2013. El colegio de arquitectos denuncia a la Diputación y a Arabako Lanak por acaparar obras públicas con «ilegalidades».

7 de noviembre. La Diputación replica que el Tribunal vasco de Cuentas avala la actividad de la sociedad foral.

19 de febrero de 2014. Las Juntas reclaman una auditoría urgente de la sociedad foral.

28 de marzo. La Fiscalía investiga si el Ayuntamiento de Laguardia prevaricó al contratar a la entidad.

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8 de abril. La Autoridad vasca de la Competencia admite a trámite la denuncia de los arquitectos contra la Diputación y el ente.

ARABAKO LANAK – El Correo (Araba_Álava) – 12 abr.pdf

ARABAKO LANAK – El Correo (Araba_Álava) – 9 abr.pdf

DOSIER DE PRENSA – 14/04/2014 -REPORTAJE INMOBILIARIAS EL CORREO

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  • 14 abr. 2014
  • El Correo
  • LUIS GÓMEZ lgomez

El Gobierno prohíbe a las inmobiliarias asociadas la práctica de «políticas comerciales comunes»

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La Autoridad Vasca de la Competencia advierte que el modelo de Asibi «contraviene la ley» y que tampoco permitirá la «tarificación única»

Competencia se reunirá con representantes de las agencias en los próximos días para buscar un punto de encuentro

BILBAO. La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC), un organismo autónomo del Gobierno vasco cuyo fin es promover, garantizar y mejorar las condiciones de libre mercado, ha dado un aviso a Asibi, la asociación de inmobiliarias vizcaínas dedicada a la gestión conjunta de propiedades en exclusiva compartida. Creada hace casi dos años, agrupa a más de una treintena de las 400 empresas vizcaínas –entre las que figuran algunas de las más importantes– funciona bajo el mismo código ético y comparte todos los inmuebles en una base de datos única.

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Con un modelo de trabajo importado de Estados Unidos, las agencias colaboradoras luchan por lavar la «mala imagen» que acecha «todavía» a una buena parte del sector, pero, sobre todo, buscan enderezar el rumbo de los negocios. Si bien la crisis ha reducido las operaciones de compraventa a niveles extraordinariamente bajos, las inmobiliarias englobadas bajo el paraguas de la entidad presidida por Idoia Uriarte se ha dado un respiro en los últimos meses. Constatan una ligera recuperación del mercado, que achacan precisamente a los acuerdos de cooperación y a la explotación de forma conjunta de activos inmobiliarios. Consideran que los beneficios de este modelo, implantado también Cantabria y Navarra, redundan entre los profesionales y entre los clientes. Desde que apostaron por este modelo, el volumen de operaciones compartidas ha crecido un 35%.

«Pelear por el cliente»

Sin embargo, los responsables de AVC, organización adscrita a la Consejería de Hacienda y Finanzas, aseguran que Asibi debe erradicar «preceptos» que, en su opinión, «contravienen» la ley. Del mismo modo que aplauden su trabajo en la eliminación de prácticas «fraudulentas», censuradas por los propios agentes inmobiliarios, han recordado a estos profesionales la prohibición de «políticas comerciales comunes». Recuerdan que la ley de 2007, «heredada directamente del Derecho comunitario», impide «todo acuerdo, decisión, recomendación colectiva y práctica concertada o conscientemente paralela que restrinja o falsee la competencia»; y en particular la fijación, de «forma directa o indirecta», de precios, el reparto del mercado y las «fuentes de aprovisionamiento».

También les ha advertido que no permitirá «los sistemas de tarificación única», fundamentalmente en materia de honorarios. Juzga que ambas prácticas vulneran el principio de libre competencia al ocasionar «graves perjuicios» a los clientes. «Es muy importante que estas empresas sean conscientes de hasta dónde pueden llegar y que los usuarios conozcan también qué protección les confiere la ley. Y que sepan que si les perjudica deben ponerlo en conocimiento de la autori-

dad», defienden las fuentes consultadas.

«Si la ley prohíbe los pactos de precios y relaciones comerciales es porque los acuerdos que llevan a cabo estas compañías sólo les favorecen a ellas. Les hace más fácil la vida, pero nosotros debemos proteger el interés general». El organismo competente en defensa de la competencia arguye que estos marcos de colaboración acotan el margen de maniobra en unos mercados asfixiados por la crisis al anular la posibilidad de establecer «precios a la baja. Lógicamente, si las inmobiliarias pactan y se ponen de acuerdo para no hacerse la competencia entre ellas, no se van a pelear por el cliente».

Responsables de Asibi, entidad que funciona «sin ánimo de lucro», han negado que su actividad incurra en la ilegalidad. Sostienen que trabajan «desde la más absoluta transparencia» y que con su colaboración buscan favorecer «tanto a los compradores como vendedores». Alegan que los servicios que desarrollan se venían realizando en la práctica «aunque no de forma reglada» y mantienen que el precio de los inmuebles «los impone el mercado, pero decide finalmente el propietario. Así que siempre prevalece la libertad del cliente», ratifican.

Tanto AVC como Asibi trabajan de cara a alcanzar un punto de encuentro a fin de resolver sus diferencias «de una forma amistosa». Se han citado para una reunión a celebrar en los próximos días. «Si hay que modificar algo, por desconocimiento o por cualquier otra circunstancia, se cambia y punto. Seguiremos trabajando con la ley en la mano», afirman los portavoces de la treintena de agencias que pretenden «transformar» el sector inmobiliario en unos momentos de extrema debilidad. Pese a que el modelo de Asibi ofrece a los compradores «todas las propiedades de la base de datos común en las mismas condiciones y precios», sus miembros aseguran que funcionan de una forma «absolutamente independiente y sin llegar a interactuar. Somos competencia entre nosotros», aclaran.

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Al igual que AVC, que ha manifestado su «voluntad de acuerdo», la impresión de Asibi es que no tendrá tampoco «ningún problema» en reconducir la situación. «Sabemos que nos vamos a encontrar con ellos y que el camino debe ser común y paralelo. Ambos perseguimos lo mismo, que es la protección del cliente y la defensa de la profesión. En algún punto tenemos que encontrarnos», concluyen.

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  • 14 abr. 2014
  • El Correo
  • L. G.

Sanciones de hasta el 10% del volumen de negocio

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AVC pide un listado de la treintena de agencias de la asociación, aunque confía en no tener que abrir ningún expediente sancionador

BILBAO. La Autoridad Vasca de la Competencia decidió mover los hilos a raíz de la primera cumbre de profesionales locales que Asibi celebró en Bilbao el pasado 21 de marzo. El encuentro, organizado en un céntrico hotel de la capital vizcaína, reunió a más de 130 agentes de casi un centenar de compañías.

Además de confraternizar y «vernos las caras», la reunión buscó ampliar la red con un mayor número de socios. Tras la celebración de la asamblea, de la que tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación, como adelantó este periódico, AVC remitió un escrito a la dirección de Asibi. Amparándose en «el deber de colaboración», solicitó un listado de «todos» sus asociados, «indicando el nombre y apellidos o razón social y dirección».

Ya entonces el organismo autónomo que vela por la competencia mostró su deseo de mantener «una buena relación» con la entidad privada. Aparte de confiar en que la actividad de la misma sea «siempre respetuosa con los preceptos de la ley», se puso a disposición de los agentes inmobiliarios para aclararles «cualquier duda».

La reunión que celebrarán próximamente se antoja decisiva. Por parte de los responsables de AVC no existe «ningún ánimo» de ahondar en la apertura de un posible conflicto. «Les hemos mandado una carta explicándoles que existimos y de que la ley dice lo que dice y por qué lo dice», señalaron. Sus responsables admiten que entre los operadores inmobiliarios pequeños «suele existir a veces un desconocimiento de la norma», por lo que entienden que quizás sea necesario «hacerles conscientes de lo que pueden hacer y de lo que no deben».

Una vez tengan el listado de asociados en su mano, AVC se pondrá en contacto «con cada uno de ellos» para explicarles «qué derechos tienen como empresarios, que políticas pueden llevar a cabo y también qué obligaciones. Nuestra vía inicial es esa y confiamos en que sea la única. No queremos iniciar procedimientos sancionadores si se pueden evitar», argumentan. La implantación de políticas comerciales comunes y tarifas únicas puede ser sancionada con multas de hasta el 10% del volumen de negocio «total de la empresa infractora» en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la multa.

Responsables de AVC señalaron que la ley les confiere unos poderes de instrucción que les permitirían acceder incluso a las sedes de las inmobiliarias «si se considerara que hay indicios de infracción. Pero no esperamos llegar a esta segunda fase», puntualizan.

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  • 14 abr. 2014
  • El Correo
  • PABLO MARTÍNEZ ZARRACINA

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Llevan tiempo las inmobiliarias vizcaínas asociadas en Asibi explicando su hermandad en términos que van del pensamiento positivo a la beatitud. Colaboración, confianza, solidaridad. Cosas de esas. Lo curioso es que semejante campo semántico se sostiene sobre el pilar inestable de un oxímoron. La «exclusiva compartida». Lo que hacen las inmobiliarias de Asibi no es colaborar en asuntillos gremiales y organizar el premio al vendedor del año, sino compartir clientes e inmuebles bajo un precepto resignado: quedarse sin tarta es peor que conformarse con un trozo. Por desgracia, el mundo es complicado y no admite siempre la lógica azucarada de la repostería. Un ejemplo: lo que sirve en una fiesta infantil no sirve en el libre mercado. La Autoridad Vasca de la Competencia acaba de advertir a Asibi de que lo suyo suena bien, pero igual es ilegal. La ley impide las relaciones comerciales que «restrinjan o falseen» la competencia. Lo hace porque es el ciudadano quien se beneficia de que no haya agentes que puedan influir decisivamente en el precio de los bienes. Y también, creo yo, para dejarlo todo claro. La solidaridad y la colaboración molan, pero es raro que se den entre los atletas que disputan la final olímpica de los cien metros.

En Asibi explican que lo de compartir pisos y clientes es algo que se hace desde siempre, aunque de forma «no reglada». Como si no lo supiéramos. Lo curioso es que a continuación aseguran que quieren acabar con las malas prácticas en el sector. Imaginamos que la estrategia para lograrlo no consiste en seguir con lo mismo, pero ahora con página web. Antes de comenzar con las sanciones, en la Autoridad Vasca de la Competencia parecen dispuestos a detallarles a las inmobiliarias qué es lo que pueden y no pueden hacer. En Asibi están por su parte dispuestos a trabajar «con la ley en la mano». No habrá problemas si esa ley es también la de la oferta y la demanda. Por lo demás, resulta extraño que últimamente los empresarios parezcan tratar de disimular que están en esto, como cualquiera, por una sola razón: ganar dinero. Es que es oírles hablar y preguntarte qué hará la Madre Teresa con esa ‘Blackberry’.

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Inmobiliarias – El Correo – 14 abr.pdf

DOSIER DE PRESA – 07-04-2014

07/04/2014

VOX POPULI

La CNMC ultima sanciones a PRISA y MEDIAPRO

07/04/2014

EL PAIS

La CNMC no espera la instalación de un solo megavatio renovable hasta 2018

01/04/2014

EUROPA PRESS
AOTEC estudia denunciar a Telefonica ante la CNMC

07/04/2014

EL PERIODIC

Valencia acoge las VII Jornadas de Defensa de la Competencia

02/04//2014

EL ECONOMISTA

El Grupo Mahou notifica a la CNMC la adquisición de un grupo mallorquín

02/04/2014

EUROPA PRESS

Economía y al CNMC firman un acuerdo para garantizar la aplicación de la Ley de Unidad de Mercado

02/04/2014

HISPANIDAD

La CNMC se niega a investigar a Coca Cola

104/04/2014

EL PAIS
La CNMC ajusta el déficit de tarifa a 3.682 millones

03/04/2014

EL PAIS
Los ingresos de las telecos caen por quinto año consecutivo

01/04/2014

CNMC

La CNMC recomienda al ayuntamiento de Leganés que abra nuevas estaciones de servicio en el municipio

01/04/2014

CNMC
Sanción al Colegio de Arquitectos de Huelva por recomendación de precios mínimos

01/04/2014

PARLAMENTO EUROPEO

Aprobada la reforma de los servicios de Auditoría

02/04/2014

COMPETENCIA ANDALUCIA

Las administraciones abren el mercado de los autobues interurbanos

02/04/2014

CINCO DÍAS
Suiza investigará a grandes bancos